Julio 2026
Andrés Torres Aragón
Idea fuerza
La tutela judicial efectiva no protege únicamente el derecho a obtener una decisión judicial,
sino también el derecho a que la infraestructura administrativa de la justicia permita
materializarla efectivamente.
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Fallo analizado
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Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá,
expediente 11001-3403-002-2026-00397-00
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Fecha
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15 de julio de 2026
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Tema central
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Debido proceso, acceso a la administración de justicia
y conversión de depósitos judiciales.
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Tesis
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La tutela judicial efectiva exige decisiones judiciales
y gestión administrativa eficaz para materializarlas.
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Resumen
El fallo de tutela T02-2026-00397 constituye una decisión relevante
para comprender el alcance práctico del debido proceso
y del acceso efectivo a la administración de justicia
en la etapa de ejecución.
La providencia concedió el amparo solicitado al verificar
la existencia de un depósito judicial pendiente de pago
por valor de:
$28.241.750,56 pendientes de conversión y pago dentro del proceso ejecutivo.
Para el juez constitucional, la tutela judicial efectiva
no se agota en la expedición de providencias,
sino que exige una gestión administrativa diligente
de los instrumentos que hacen posible trasladar la decisión judicial
al plano material.
1. Introducción
Por regla general, el estudio del debido proceso se concentra
en las decisiones judiciales, los términos procesales
y las garantías de contradicción y defensa.
Sin embargo, la experiencia cotidiana de los procesos ejecutivos
evidencia que algunos de los mayores obstáculos
para la efectividad de los derechos no provienen de la ausencia
de decisiones jurisdiccionales,
sino de fallas administrativas asociadas a su cumplimiento.
En el caso estudiado, la imposibilidad de concretar la conversión
de un depósito judicial bloqueaba la continuidad efectiva del proceso ejecutivo.
2. Contexto fáctico del caso
La sociedad Vinnuretti & Aragón Asociados S.A.S.,
actualmente Abogados y Asociados Marubio S.A.S.,
promovió acción de tutela para lograr la identificación,
conversión y puesta a disposición de títulos judiciales
correspondientes a un proceso ejecutivo.
Durante el trámite, el Banco Agrario de Colombia acreditó
la existencia de un depósito judicial pendiente de pago,
mientras uno de los despachos judiciales había manifestado
no encontrar títulos asociados al expediente.
Núcleo del litigio:
una contradicción institucional entre la información
suministrada por el Banco Agrario y los reportes emitidos
por el despacho judicial.
| Elemento |
Dato relevante |
Importancia jurídica |
| Depósito identificado |
$28.241.750,56 |
Prueba existencia de recursos susceptibles de conversión.
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| Despacho de origen |
Juzgado 7 Civil Municipal de Bogotá
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Debía realizar la conversión.
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| Despacho de ejecución |
Juzgado 8 Civil Municipal de Ejecución
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Resolver la entrega de recursos.
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| Obstáculo |
Falta de identificación y conversión
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Impedía la efectividad material del proceso.
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3. El problema jurídico constitucional
El problema constitucional consistía en determinar
si los despachos accionados vulneraron el debido proceso
y el acceso a la administración de justicia
al no proceder con la conversión y entrega
de los depósitos judiciales.
El acceso a la justicia no solo tiene una dimensión formal;
también posee una dimensión material:
hacer efectivo lo decidido.
4. La mora judicial injustificada
El juez fundamentó su análisis en la doctrina constitucional
de la mora judicial injustificada.
Según la jurisprudencia,
esta se configura cuando concurren tres elementos:
- Incumplimiento de términos legales.
- Ausencia de razón objetiva que explique la demora.
- Atribuibilidad de la tardanza a la autoridad judicial.
Precedentes constitucionales citados
| Precedente |
Regla relevante |
Uso en el fallo |
| C-980 de 2010 |
Debido proceso como límite al poder estatal.
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Base conceptual.
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| T-292 de 1999 / T-220 de 2007 |
Test de mora judicial injustificada.
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Regla principal.
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| T-230 de 2013 / T-186 de 2017 |
Reiteran los elementos de la mora.
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Refuerzo jurisprudencial.
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| T-052 de 2018 |
Excepciones justificadas.
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Delimitación.
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5. La conversión de depósitos judiciales como deber funcional
Uno de los aportes más importantes del fallo consiste
en interpretar constitucionalmente el artículo 46
del Acuerdo PSAA13-9984.
Para el juez constitucional,
la conversión de depósitos no es una actividad secundaria,
sino un deber funcional que permite la continuidad efectiva
de la ejecución.
La teoría de la mora judicial administrativa
La mora judicial puede manifestarse no solo mediante la ausencia
de providencias, sino también a través de omisiones administrativas
que impiden que una decisión despliegue efectos prácticos.
La identificación de depósitos, la conversión de títulos,
la actualización de sistemas y la expedición de órdenes de pago
hacen parte de la efectividad constitucional de la justicia.
6. Implicaciones prácticas
Para abogados litigantes
- Verificar periódicamente depósitos judiciales ante Banco Agrario.
- Solicitar certificaciones formales.
- Documentar toda la trazabilidad de requerimientos.
- Evaluar la tutela cuando exista parálisis administrativa injustificada.
Para despachos judiciales
- Implementar controles de trazabilidad.
- Contrastar información bancaria y judicial.
- Convertir títulos oportunamente.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional.
Conclusiones
- El debido proceso incluye actuaciones administrativas necesarias para materializar decisiones judiciales.
- La falta de conversión de depósitos judiciales puede vulnerar derechos fundamentales.
- El Acuerdo PSAA13-9984 impone deberes funcionales concretos a los despachos judiciales.
- La información del Banco Agrario puede ser prueba decisiva.
- El fallo desarrolla una línea relevante sobre mora judicial administrativa.
¿Está verificando oportunamente los depósitos judiciales de sus procesos?
Una ejecución exitosa no depende solo de ganar el proceso.
También exige verificar que las actuaciones administrativas
permitan materializar el derecho reconocido.
La gestión adecuada de títulos y depósitos judiciales
puede marcar la diferencia entre una sentencia efectiva
y una ejecución paralizada.
