Mayo 2026
Andrés Torres Aragón
Introducción
Contextualizar este artículo es necesario para entender los derechos de los trabajadores y los riesgos
de las empresas que convergen en el mercado laboral colombiano. La informalidad tiene como consecuencia
directa un incremento de demandas laborales por diferentes aspectos, siendo la raíz de los procesos
la declaratoria de existencia de contratos laborales.
De acuerdo con el más reciente boletín del DANE, correspondiente al trimestre móvil noviembre de 2025
a enero de 2026:
"El 55,3% de los ocupados en el país se encontraba en condiciones informales."
Es delicado que más de la mitad de las personas en Colombia se encuentren en la informalidad.
Esta situación es la manifestación directa del Gobierno de la cantidad de problemas jurídicos que
existen en materia laboral en el país.
¿Quién es un trabajador informal?
Citemos la definición oficial del DANE:
"Se consideran como ocupados informales todos los asalariados o empleados domésticos que no cuentan
con cotizaciones a salud ni a pensión por concepto de su vínculo laboral, además de trabajadores
por cuenta propia y empleadores vinculados al sector informal."
De esta definición se extraen los siguientes elementos característicos:
- Son personas naturales.
- Prestan un servicio directamente a la persona.
- Reciben un salario o ingreso (catalogados como asalariados).
- No cotizan al sistema de seguridad social; inclusive se duda que cuenten con prestaciones sociales
como vacaciones, primas semestrales, cesantías e intereses de cesantías.
Los 5 problemas jurídicos que genera la informalidad
Esta situación genera específicamente los siguientes cinco problemas jurídicos de alto impacto:
| # |
Problema jurídico |
Descripción y riesgo |
| 1° |
Contratos laborales por primacía de la realidad |
Implica deudas por prestaciones sociales: vacaciones, prima de servicios, cesantías
e intereses de cesantías.
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| 2° |
Indemnización moratoria (Art. 65 CST) |
Aunque no es automática, la probabilidad se incrementa ante la informalidad.
Equivale a un día de salario por cada día de retraso en el pago,
con una extensión de 2 años; luego aplican intereses de mora.
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| 3° |
Indemnización moratoria por cesantías |
Indemnización moratoria específica por no pago de cesantías e intereses de cesantías.
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| 4° |
Deudas al sistema de protección social y UGPP |
La informalidad crea un riesgo directo de deudas que no prescriben,
específicamente al sistema de pensiones. Al no existir pago de aportes se configura
la figura de omisión, lo que genera cálculo actuarial e intereses de mora,
constituyendo deudas de alto impacto.
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| 5° |
Solidaridad |
Un riesgo que las empresas no observan al contratar proveedores o personas en la informalidad.
Se hace evidente cuando se notifican demandas y es más gravoso ante accidentes,
enfermedades no cubiertas o fallecimiento del trabajador.
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Panorama: ¿Qué viene para el mercado laboral?
Lo expuesto permite establecer que el mercado laboral en Colombia no disminuirá frente a
las demandas; por el contrario, con la emisión de la reforma al Código Sustantivo del Trabajo
y del nuevo Código Procesal Laboral, deben incrementarse:
- Las acciones judiciales laborales.
- Las inspecciones del Ministerio del Trabajo.
- Los procesos de fiscalización de la UGPP.
Esto permitirá que los derechos de los trabajadores se hagan exigibles con mayor eficacia y, en
contrasentido, generará mayor riesgo jurídico y económico para las empresas que
mantengan vínculos laborales en condiciones de informalidad.
⚠ Alerta para empleadores: Contratar personas en la informalidad no solo implica
un ahorro aparente en el corto plazo. En el mediano y largo plazo genera deudas laborales,
sanciones de la UGPP y responsabilidad solidaria que pueden comprometer seriamente la sostenibilidad
financiera de la empresa.
Conclusión
Con más del 55% de la población ocupada en Colombia en condiciones de informalidad, el riesgo jurídico
laboral no es un escenario hipotético: es una realidad cotidiana del mercado.
La reforma laboral y el nuevo Código Procesal Laboral profundizan este escenario, dotando a los
trabajadores de mejores herramientas para reclamar y a las autoridades de mayor capacidad para
fiscalizar. Para las empresas, la formalización no es un gasto, es una inversión en seguridad jurídica.
Fuentes consultadas
