Junio 2021
Maria del Pilar Ortiz
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El riesgo para una entidad pública es la posibilidad de ocurrencia de un acontecimiento que en caso de materializarse afecta negativamente el logro de los objetivos que se ha propuesto alcanzar, por tanto, coloca en peligro su legitimidad por rendimiento.
La ocurrencia del evento futuro está condicionada por los eventos externos o internos. Las situaciones en cuanto al entorno pueden ser de carácter social, cultural, económico, político, legal y/o tecnológico, respecto a las condiciones internas a estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos, los recursos humanos y económicos con los que cuenta.
La Administración Pública lleva años en crisis y las encuestas muestran una elevada antipatía de los ciudadanos con respecto a la clase política en general y a la Administración Pública en particular.
La insuficiencia de las entidades públicas para conseguir sus objetivos, y proporcionar un marco de seguridad aceptable en sus funciones, viene siendo puesta en entredicho y se ha incrementado.
Se debe utilizar la ventana de oportunidad que ofrece la crisis actual aplicando un enfoque del riesgo como una variable a tener en cuenta, preguntando qué percepción del riesgo de la situación actual de la Administración pública tienen sus dirigentes e integrantes ante indicadores de bajo rendimiento y percepción ciudadana, e implementando la planificación estratégica para anticiparse a los cambios y así ajustar las políticas públicas a las verdaderas causas del riesgo.
Los problemas públicos y la ausencia de políticas adecuadas para obtener una solución, requiere que se incorpore verdaderamente a la toma de decisiones el manejo del riesgo, a través de tres políticas fundamentales: a) la evaluación del riesgo, que consistente en identificar, medir y valorar los riesgos; b) la gestión del riesgo, consistente en tomar decisiones de carácter político y legal según lo estimado previamente, y c) la comunicación del riesgo, que busca una mayor aceptación pública si éste se materializa.
La Administración Pública colombiana ha ordenado la práctica de la gestión del riesgo en las entidades públicas, un claro ejemplo es la implementación de manuales de procedimiento que sirvan como instrumento para el control interno, estos elaboran, adoptan y aplican políticas a través de los cuales se busca documentar y formalizar los procedimientos a partir de la identificación de los procesos institucionales, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno de las entidades.
Pero esto ha sido ineficiente e ineficaz, en tanto, no se ha cumplido con la disminución del riesgo y así mismo la mayor parte de las políticas que se adoptan se quedan sin producir sus efectos deseados, pues no son llevadas a la práctica, son obsoletas o no se adaptan al riesgo de la entidad.
Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente y participativo entre la administración y las oficinas de control interno, evaluando los aspectos tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales. (Ruiz, 2001).
Y es que sí no se superan las situaciones de riesgo vamos a llegar a una crisis económica que afecte aspectos como el equilibrio, la integración social, la equidad, la estabilidad del mercado y/o la articulación de los intereses y grupos sociales, al tratarse de entidades que tienen funciones transcendentales para la sociedad.
